¿Monopolio moral?

Parece que queda lejos la controversia por el establecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (o EpC), allá por el 2006. Según el Real Decreto 1631/2006 por el que fue aprobada, esta asignatura «tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.» A simple vista, nada podría ser menos controvertido que esta declaración de intenciones, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos cómo fue el debate previo y las consecuencias a largo plazo a medida que se fue implantando la asignatura.

No pretendo recordar por enésima vez los argumentos y contraargumentos de los opositores y defensores de esta asignatura, que ya son de sobra conocidos. Tampoco pienso entrar en el debate sobre la valía de sus contenidos, un tema manido y estéril en el que no es solamente difícil decir algo nuevo, sino que es prácticamente imposible influir sobre las opiniones ya formadas. Baste recordar que se ha organizado un movimiento no despreciable de autodenominados objetores de conciencia a la asignatura, y que aún encontramos en la prensa casos particulares en los que han corrido una u otra suerte en cuanto a sus titulaciones y a la opinión de los tribunales.

El argumento más escuchado en contra de la Educación para la Ciudadanía es que ésta viola el derecho de los padres a escoger la educación moral de sus hijos, reconocido por el artículo 27.3 de la Constitución Española vigente y el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dejemos de lado el hecho de que de una lectura literal de los citados artículos no se desprende un derecho exclusivo para los padres sobre la educación moral de sus hijos, y supongamos que verdaderamente éste fuese su espíritu.

Casi todas las otras organizaciones que han mostrado su rechazo a esta asignatura, la mayoría de carácter religioso o conservador, han marcado su postura como una oposición frontal a la mera existencia de la asignatura y no han propuesto una reforma de su contenido. El líder del único grupo parlamentario que se opuso a la introducción de esta asignatura se ha comprometido a derogarla si gana las elecciones de 2012. A primera vista, ésta parece una postura coherente. Los opositores a la EpC consideran que el Estado no debe impartir ninguna formación moral a los alumnos, y resulta imposible concebir una asignatura que cumpla simultáneamente este requisito y que responda a la definición que establece el Real Decreto 1631/2006.

Debajo de la aparente coherencia ideológica se esconde un problema mucho más profundo y fundamental para quienes consideran que la educación moral de los hijos corresponde única y exclusivamente a los padres. No quiero en este artículo erigirme en defensor a ultranza de la asignatura, sino deconstruir este aparente derecho cuyos supuestos me parecen contrarios a la libertad individual y arraigados en el relativismo moral.

Puesto que quiero centrar este debate en la educación o formación moral, resultaría ideal definir este término de la manera más exhaustiva posible. Adelanto que esto no será posible, a falta de espacio y de formación filosófica por mi parte. Me inhibo humildemente del reto de definir la formación moral y hacer justicia al debate existente entre su relación o identidad con la formación ética y con la formación en valores. Ofreceré una muy escueta definición funcional, lo suficientemente desprovista de contenido como para no despertar las pasiones de los posibles educadores, pedagogos o filósofos que puedan estar leyendo esto: la formación moral es el proceso por el cual una persona adquiere los valores que le servirán para escoger su conducta.

Un ataque a la libertad individual del niño

Resultaría ingenuo por mi parte creer que el comportamiento de una persona está determinado exclusivamente por los valores que le han inculcado sus padres, ya que es de todos sabido la influencia de las amistades, del entorno social inmediato, y los medios de comunicación. Ahora bien, ¿no será igual de ingenuo quien defiende su derecho exclusivo a educar a sus hijos de determinada manera? Se nos presenta un dilema clásico.

Si aceptamos que la exclusividad de los padres en cuanto a la formación moral de sus hijos es ficticia, el debate sobre la EpC resultaría estéril. Si los padres son de hecho una influencia entre tantas en la educación moral de sus hijos, es difícil entender la supuesta intrusión que haría la asignatura sobre un derecho imposible de hacer cumplir. ¿Para qué tanto drama?

Supongamos, por el contrario, que los padres pueden ejercer un control suficiente sobre los amigos de su hijo, su entorno social y su acceso a los medios de comunicación como para resultar determinantes en su formación moral. Por ejemplo, cuando una familia escoge determinado tipo de centro educativo para sus hijos, no busca sólo una formación moral concreta sino también un círculo de amigos determinado para sus hijos, con la intención más o menos consciente de que sea en este en el que se forme como persona.

La elección de colegio puede ser un mecanismo indirecto para ejercer el derecho de marras, pero plantea la cuestión de si un padre podría prohibir arbitrariamente a su hijo el contacto con amigos que no respondan a la formación moral que desea. No pienso poner en tela de juicio el derecho de los padres de prohibir a sus hijos la relación con amigos delincuentes, pero hay que recordar que en opinión de determinados padres la exposición de su hijo a un amigo ateo, homosexual o incluso católico podría poner en tela de juicio la formación moral que le está proporcionando. El mero intercambio de ideas con un amigo que haya recibido una formación moral distinta a la de su hijo podría coartar el “derecho” de los padres a escoger la formación moral de su hijo. No les será posible hacer valer su monopolio sobre la educación moral de su hijo sin poner en práctica un filtro orwelliano sobre sus amistades, para evitar que cometan un crimen de pensamiento.

Un ataque a la libertad individual… del adulto

Seamos generosos y supongamos que el supuesto anterior no es un ataque a la libertad del niño, y que en tanto que es menor de edad, el artículo 155.1 del Código Civil le obligue a obedecer a sus padres incluso en materia de amistades y acceso a los medios de comunicación. Los padres ejercerían, por tanto, una influencia exclusiva sobre lo que hemos definido como el proceso por el cual sus hijos adquirirán los valores que les servirán para escoger su conducta. Si esta formulación todavía no le choca al lector, es porque aún contempla los conceptos de “padre” y de “hijo” como sinónimos de “adulto” y “niño”.

La relación del progenitor con su hijo es sin duda una relación de adulto-niño durante la infancia y la adolescencia de este último. Sin embargo, no debemos olvidar que este niño cumplirá un día la mayoría de edad y será un adulto independiente de sus padres, en cuya sabiduría o experiencia podrá confiar en mayor o menor medida. Suponiendo que nuestro protagonista siga una historia vital relativamente convencional, el que fuera hijo tendrá su propia descendencia y sufrirá en algún momento la pesadumbre del fallecimiento de sus padres. Hemos cerrado un ciclo generacional, y tenemos un nuevo padre con unos nuevos hijos. La conducta de este nuevo adulto estará determinada por los valores que le hayan sido inculcados durante la formación moral que haya recibido en su infancia y juventud… exclusivamente de sus padres.

Merece la pena ser más explícito. Si el derecho de marras se ejerce plenamente, la conducta de un adulto habrá sido determinada (no meramente influida) por las ideas y prejuicios de dos personas ya fallecidas. Esta persona adulta no habrá podido escoger libremente sus valores puesto que habrán sido escogidos completamente por sus progenitores, y no sería descabellado suponer que la formación moral que recibió será un factor crucial para la educación de sus propios hijos.

Tendremos que concluir, por tanto, que el derecho de los padres a dirigir en exclusiva la formación moral de sus hijos se traduce en el mejor de los casos en una injustificada injerencia sobre la libertad individual del hijo adulto. En el peor de los casos estaríamos ante una tiranía moral intergeneracional. Los prejuicios e ideas de las generaciones previas de una familia tendrían una injustificable supremacía sobre toda la descendencia.

En resumen, cuando un padre ejercita su monopolio sobre la formación moral de su hijo, no lo hace en detrimento del resto de la sociedad; lo hace en detrimento de la libertad de su hijo de conocer y valorar independientemente otras ideas y puntos de vista para así poder escoger en la edad adulta su propio sistema de valores.

Una aceptación implícita del relativismo moral

Si atendemos a las declaraciones de las principales figuras de las organizaciones que defienden el derecho de los padres a escoger en exclusiva la educación moral de sus hijos, llegaremos a la conclusión de que éstas consideran que el relativismo moral es uno de los principales problemas que azotan a la cultura europea y occidental. El papa Benedicto XVI ha hecho de la llamada «dictadura del relativismo» una de sus principales preocupaciones terrenales, afirmando poco después de su elección que «el relativismo moral socava la labor de la democracia» y reclamando la necesidad de una base moral objetiva. Por otro lado, José María Aznar, actual presidente de la FAES y referente ideológico del Partido Popular, cree que el «relativismo moral radical» inunda Europa y amenaza sus instituciones fundamentales. Finalmente, Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, defiende que «la mayor dificultad para educar hoy es la pandemia relativista que lleva a muchos a no aclarase sobre qué es una buena persona».

Queda meridianamente claro que los principales opositores a la EpC y defensores del derecho de los padres a escoger la formación moral de sus hijos no son muy amigos del relativismo moral. No hace falta un gran salto de la imaginación para cuestionarse sinceramente cómo pueden compaginarse estas dos opiniones.

Si defendemos el derecho de los padres a determinar en exclusiva la formación moral de sus hijos, tendremos que rechazar como utópico cualquier esfuerzo orientado a la implantación de una moral objetivamente buena para toda la humanidad. El relativismo moral se asentará irremediablemente, y creo que acabamos de escuchar que eso sería Cosa Mala. Si por el contrario creemos que es imprescindible que la humanidad adopte esta hipotética moral universalmente válida, nos veremos obligados no sólo a inmiscuirnos en la formación moral de los niños sino a intervenir para anular la formación moral equivocada de determinados padres.

¿Por qué entonces la Iglesia Católica, el Partido Popular y el Foro de la Familia se oponen frontalmente a una asignatura obligatoria con el potencial el potencial de formar a los niños en una moral concreta y según ellos universalmente válida? Creo que tengo una idea al respecto, pero merecería un artículo aparte.

La defensa de un derecho exclusivo de los padres a escoger la formación moral de sus hijos no es compatible, por tanto, con el absolutismo moral ni con la radical preocupación por el relativismo que expresan sus proponentes. La primacía de la primera idea deriva necesariamente en una aceptación implícita del relativismo moral, mientras que aceptar la segunda requeriría de un Estado totalitario para su imposición.

Conclusión

Antes de terminar, quiero insistir en que en este artículo en ningún momento se ha dudado del derecho de los padres a impartir una formación moral a sus hijos, sino de su supuesto derecho exclusivo.

La crítica más extendida hacia la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es que se interpone en el derecho exclusivo de los padres para escoger la formación moral de sus hijos.

Sin entrar a valorar los contenidos de dicha asignatura, es fácil ver que este supuesto derecho (que no está reconocido como exclusivo de los padres en ningún documento legal) trae consigo tres consecuencias indeseables, en caso de resultar practicable:

  • Requiere un control férreo de la familia sobre la vida social de los hijos, una afrenta a su libertad individual difícilmente justificable.
  • Impone una tiranía intergeneracional que pone en tela de juicio la misma idea de libertad individual, al someter la formación moral de cada persona a aquélla que recibieron sus antepasados.
  • Instituye el relativismo moral, blindando la formación moral que una familia ofrece a sus hijos irrespectivamente de sus contenidos y prohibiendo cualquier injerencia externa.

One Comment

  1. Aún estando de acuerdo en general con la idea de que los padres no pueden pretender determinar la moral de sus hijos de forma exclusiva, creo que sí que hay que pensar en que hay una importante diferencia entre “formación/educación” e “influencia”.

    No es lo mismo que un chaval se vea influenciado por los medios de comunicación y otras personas que que le enseñen algo concreto en el colegio; de la misma manera que es muy aceptable que exista información sobre la homeopatía, pero es bastante cuestionable que se pueda incluir en los planes de estudio y presentarla como una verdad. Por esto mismo, el pastafarianismo surgió como denuncia del hecho de que se quisiese enseñar creacionismo al mismo nivel que el evolucionismo en las escuelas públicas.

    De esta forma, el derecho de los padres a elegir una *formación* moral y religiosa concreta para sus hijos no implicaría necesariamente un control férreo de la vida social de éstos.

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